Desde la década de 1960 no se había visto entre los negros estadounidenses una movilización comparable a la de las recientes y generalizadas protestas cuyo lema es “Black Lives Matter” (“Las vidas negras importan”). Las demandas de igualdad, que existen desde la llegada de los afroamericanos al continente americano, dieron siempre lugar a conflictos, la mayoría de los cuales, incluso los que siguieron vías legales y pacíficas, se cobraron gran número de vidas.

El semanario The Nation, que el año pasado celebró su 150 aniversario, eligió el Schomburg Center for Research in Black Culture, sede de la New York Public Library en Harlem, para iniciar los actos conmemorativos que a lo largo de 2015 se desarrollaron en varias ciudades del país. The Nation nació como sucesora de otra cabecera, The Liberator, fundada en 1831 por un grupo de abolicionistas capitaneados por William Lloyd Garrison, promotor de la Sociedad Antiesclavista Estadounidense, en la que Frederick Douglass, el escritor y diplomático afroamericano que fue consejero de Lincoln, jugó un papel fundamental. Tres de cada cuatro suscriptores de The Liberator eran negros. En 1865, finalizada la guerra civil y abolida la esclavitud, la revista dio por concluida su misión y se reconvirtió en The Nation. Un hijo del fundador, Wendell Phillips Garrison, ejerció durante cuatro décadas como editor y redactor de una sección titulada “El Sur tal como es”, en la que informaba sobre el cumplimiento de las nuevas leyes en el vencido Sur. Y un nieto, Oswald, fue a su vez colaborador habitual, además de figurar entre los fundadores de la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People, 1909). En las páginas de The Nation inscribieron su firma autores afroamericanos tan conocidos como Langston Hughes, quien dio a conocer en ellas su ensayo “The Negro Artist and the Racial Mountain”[1], o Luther King, con su seguimiento anual de las luchas contra el racismo. No cabe duda de que la defensa de los derechos civiles forma parte del ADN del semanario. Por eso conmemoró su efeméride con una reflexión sobre la situación de la comunidad negra en un país cuyo actual presidente ha surgido de sus propias filas. “En vías a una Tercera Reconstrucción”, epígrafe del debate, reunió a historiadores, sociólogos y periodistas. Entre ellos, dos premios Pulitzer, Eric Foner, de Historia, e Isabel Wilkerson, de Periodismo, y dos columnistas de The Nation, Patricia Williams, catedrática de Derecho en la Columbia University, y Mychal Denzel Smith, un joven escritor que ha dado cobertura al movimiento Black Lives Matter.

El término Reconstrucción designa el período de doce años (1865-1877) posterior a la guerra de Secesión, durante el cual el Gobierno reorganizó los estados del Sur y controló el cumplimiento de las nuevas leyes de igualdad, para que los esclavos recién liberados no fueran excluidos. Mientras duró la Reconstrucción, el colectivo negro pudo votar e incluso ocupar algunos cargos, desde sheriffs y directores de escuelas hasta miembros del Congreso. Asimismo, se instauró una agencia federal, The Freedmen’s Bureau (Oficina de los hombres liberados)[2], a la que cualquier afroamericano podía acudir para iniciarse en la lectura y la escritura, familiarizarse con la terminología legal o solicitar ayuda para la reagrupación familiar. Fueron años de gran esperanza para la población negra. Sin embargo, el optimismo se transformó en decepción. La mayoría de los gobiernos federales del Sur, ferozmente segregacionistas, pusieron manos a la obra para restablecer el viejo orden. Promulgaron leyes segregacionistas, o Black Codes, inspiradas en el “iguales, pero separados”, mientras que diversas doctrinas legales permitieron la aparición del Ku Klux Klan. Ese periodo, llamado Jim Crow, se prolongó hasta el surgimiento del movimiento por los Derechos Civiles en la segunda mitad del siglo XX. El Sur había perdido la guerra, pero ganó la batalla contra la Primera Reconstrucción.

La Segunda Reconstrucción se desarrolla entre los años 1954 y 1968, y se conoce comúnmente como Movimiento por los Derechos Civiles. Incluye la derogación de las leyes Jim Crow y la aprobación, por parte del presidente Johnson, del Voting Rights Act de 1965, por el cual los afroamericanos accedían al ejercicio efectivo del voto y volvían a ocupar cargos públicos. El final de esa etapa presenció la creación de los primeros departamentos de Estudios Afroamericanos en varias universidades del país, pero también los asesinatos de Malcolm X (1965) y Luther King (1968), los líderes más visibles del avance afroamericano. Ambos se oponían a la guerra de Vietnam, exigían una distribución más justa de la riqueza y empezaban a barajar la posibilidad de unir fuerzas.

Siguieron años de represión y aniquilación de las organizaciones negras, con el Black Panther Party For Self-Defense a la cabeza. La policía ocupó los barrios negros e introdujo la droga[3]. Aunque aumentó la clase media negra, gracias en parte a la discriminación positiva[4], también se multiplicaron los guetos. Para contener a esa población marginal, desde la década de 1970 han ido estableciéndose una serie de normas, escritas y no escritas, que siguen vigentes: Stop-and-frisk, “detención y cacheo” indiscriminado, así como autorización para disparar sobre un sospechoso que huye; Broken windows, “ventanas rotas”, es decir, arrestos preventivos por cualquier pequeña infracción; Three-stikes-out, “tres golpes y fuera (ingreso en prisión)”; normativa de “tolerancia cero” en las escuelas, bajo amenaza de expulsión; Stand-your-ground, “no cedas”, avalando la protección contra cualquier amenaza real o supuesta.

Tales prácticas han provocado el encarcelamiento de un elevado porcentaje de la población masculina negra y la implantación de la denominada “industria carcelaria” en referencia a la privatización de cierto número de cárceles, cuyos reclusos, empleados por compañías que ejercen la deslocalización, son remunerados por debajo del salario mínimo. Esta massive incarceration no deja de seguir la tradición del Convict Lease System (Régimen de arrendamiento de convictos) instaurado en los estados del Sur inmediatamente después de la guerra de Secesión. Muchos de esos reos eran antiguos esclavos que no habían encontrado trabajo y que acababan en prisión al aplicárseles la Ley del vagabundeo (Vagrancy Law). Entraban así a formar parte de la “industria del castigo”, abolida en 1942 por el presidente Roosevelt.

Los recientes incidentes de Ferguson —al igual que en su momento los asesinatos de Emmett Till y Medgar Evers o el bombardeo de la iglesia de Birmingham[5]— han sido la gota que colmaba el vaso. Y, como entonces, las protestas posteriores a cada asesinato[6] han favorecido la revisión de las relaciones raciales. En plena época post-black no se ve —no se juzga— el color. Sólo cuentan los privilegios de unos y la exclusión sistemática de otros. ¿Puede decirse, entonces, que haya cambiado de manera significativa el panorama? ¿Importan realmente las vidas de los negros en Estados Unidos?

Aparecido en 2012 —tras el indulto concedido a Zimmerman, el vigilante que mató al joven de 17 años Trayvon Martin en Florida—, #BlackLivesMatter es el movimiento que da entrada a la Tercera Reconstrucción. Sus militantes denuncian la responsabilidad de un sistema con licencia para matar a sus ciudadanos más pobres. Las secuelas dejadas por cada arresto no son únicamente físicas; las penas de prisión pueden acarrear la pérdida de trabajo y, del mismo modo que las cuantiosas multas, contribuir al empobrecimiento de las familias. La abundante presencia policial en los barrios desfavorecidos, donde a causa de los problemas de vivienda la vida transcurre en las calles —venta y consumo de drogas, peleas, violencia de género—, es un inmejorable campo de cosecha para las prisiones privatizadas, algunas de las cuales cotizan en Bolsa.

El movimiento #BLM, y otros que se han formado alrededor en la tradición del Occupy Wall Street —Millennial Activists United, Ohio Students Association, Dream Defenders, Make The Road New York…—, no tienen un líder destacado, sino que se organizan colectivamente. Argumentan que para obtener resultados no basta con reaccionar, sino que deben proponerse soluciones. Por ejemplo: el procesamiento de agentes de policía que maten o maltraten; la exigencia de que reciban entrenamiento para evitar la violencia y de que porten cámaras o micrófonos cuando estén de servicio; la conveniencia de que cada comisaría lleve un registro de víctimas y de que el departamento de Justicia deje de financiar aquellas que abusen de la fuerza o inculpen a personas por motivos de raza (racial profiling); designación de fiscales independientes en casos que generen dudas; revisión de las Gun Laws o leyes sobre libre circulación de armas. En Estados Unidos circulan actualmente 300 millones de armas. Su escasa regulación hace que la industria del armamento sea una de las más boyantes del país.

Esta transformación no persigue que la policía sea más amable o amigable, sino que su actividad de control se vea reducida o reemplazada por colectivos que obtengan del Estado las herramientas necesarias para resolver los problemas de sus propias comunidades, a menudo ruinosas. La escasez de vivienda en unos barrios en constante crecimiento y donde abundan solares vacíos a la espera de que la especulación urbanística haga subir la cotización de los mismos es otro problema pendiente. #BLM y movimientos cercanos proponen la implicación de los vecinos para mejorar la calidad de vida en los suburbios: buen servicio de recogidas de basuras, reparación de calzadas y aceras, reconstrucción de casas deterioradas, implantación de guarderías y servicios para mayores, alquileres accesibles, escuelas eficientes. Retribuyendo a los voluntarios con el salario mínimo, el Estado conseguiría no sólo hacer descender la tasa de paro en esas barriadas, sino las formas ilegales de ganarse la vida.

En definitiva, se pide que el Gobierno invierta menos dinero en fuerzas policiales y más en dar empleo a unos ciudadanos que, a la vez que cuidarían su entorno, verían reforzada su autoestima. Muchos de los problemas considerados de seguridad —sostienen estos movimientos— pertenecen en realidad al ámbito de la salud pública (trabajo sexual, mendicidad, desequilibrios mentales). Sin embargo, su enfoque actual no hace sino contribuir a la sobrepoblación de las cárceles.

El hecho de que los medios de comunicación llamen “población civil” a los ciudadanos de a pie, ¿no implica clasificar a la policía como “población militar”? Los agentes de policía son servidores públicos, no soldados dedicados a controlar una población enemiga. En 1966, en un artículo titulado “Un informe desde territorio ocupado”, publicado en las páginas de The Nation, James Baldwin escribía: “Se supone que la ley está hecha para servirme, no para torturarme o asesinarme”. La gran resistencia que estos movimientos de protesta encuentran en la poderosa Administración y entre la mayor parte de la ciudadanía no significa que la situación no pueda cambiar. De Blasio, actual alcalde de NY, ha invertido 130 millones de dólares en desviar el tratamiento de las enfermedades mentales desde la justicia criminal a los servicios sociales. Está empeñado en cambiar la actitud policial, lo cual le ha valido la enemistad del Cuerpo y la acusación por parte del exalcalde Giuliani de fomentar el clima de violencia contra la policía. Casi todos los candidatos a las próximas elecciones, incluida Hillary Clinton, prometen reformar el sistema penal. Nadie quiere perder ese voto negro que jugó un papel tan importante en la victoria de Obama.

Se ha olvidado lo poco popular que fue en sus comienzos el movimiento abolicionista. El Liberty Party, partido abolicionista, nunca obtuvo mayoría en ningún condado estadounidense. Y en 1860, la circulación del periódico antiesclavista más importante de la nación, el ya mencionado The Liberator, no superaba los 3.000 ejemplares en un país que contaba por entonces con 31 millones de habitantes. Los primeros abolicionistas conformaban una minoría que quizá hoy sería calificada de “antisistema”. Cada nuevo asesinato refuerza la idea de que urge introducir cambios. Cada agresión injusta mueve a más gente a sumarse a los movimientos que quieren acabar con la desigualdad[7].

Finalmente, fue la actitud de los radicales sureños, opuestos a derogar la esclavitud, lo que dio victoria tras victoria a los abolicionistas. En abril de 1861, tras el ataque de los confederados al fuerte Sumter que dio inicio a la Guerra de Secesión, Frederic Douglass declaraba: “Los propios esclavistas han salvado nuestra causa”. Es cierto que las expectativas despertadas por la Primera Reconstrucción concluyeron en un cruel desengaño. Pero, en su largo camino, la Segunda Reconstrucción alcanzó muchos de sus objetivos. Los intelectuales que participan en esta Tercera —desde Angela Davis, de 72 años, a Mychal Denzel Smith, de 30—, teorizando y apoyando las protestas, no dejan de recordarlo y apelar a la perseverancia.